EL DIARIO DE CADIZ
27 de julio de 2007
José Manuel Aguilar. Psicólogo forense y escritor
Al Gobierno del Estado no le salen las cuentas. Tras la aprobación de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, medida estrella para Rodríguez Zapatero, los datos muestran un aumento en el número de víctimas año a año. Para justificar ahora esta situación, ha planteado a los medios de comunicación la posibilidad de que se encuentre presente un efecto llamada, reclamando que éstos firmen un protocolo de autorregulación que vendría a recoger cómo ofrecer a los ciudadanos las informaciones sobre violencia contra la mujer.
Los efectos de esta situación no se han hecho esperar y cualquiera de ustedes puede darse cuenta de ello. Los telediarios han bajado el perfil a la hora de hablar de estas muertes. Ya no ocupan la primera de los noticiarios. La extensión que se le dedica es mucho menor y los contenidos son tratados sin el dramatismo de hace un tiempo. Una segunda circunstancia ha sido el hecho de que diversos catedráticos de estadística del país han mostrado su disconformidad sobre los datos en los que se basa el Gobierno en ese supuesto efecto, razonando con procesos y análisis propios de su profesión el por qué de su desacuerdo. Las matemáticas, y dentro de ella la inferencia estadística, se dobla mal ante las necesidades puntuales de la política de turno.
Pero el análisis del asunto nos puede llevar más allá. Hace ya algunos años, algunos juristas y profesionales de la psicología mostramos nuestro desacuerdo ante las medidas que después fueron implantadas. Hablamos de los efectos nocivos, toda vez que podrían provocar consecuencias no deseadas, como su uso oportunista en un juzgado, la elección de la sanción por la educación, su instrumentalización y la pérdida de garantías procesales y técnicas de los acusados a la hora de su abordaje. Estas críticas fueron hechas antes de que la Ley se aprobara. Luego fue el propio Consejo General del Poder Judicial el que expresó su cautela.
Un ejemplo de lo que digo ocurrió en noviembre del 2005 en Coruña. En un acto público la diputada Esther Couto, adjunta al ministro de Justicia, comentó que nuestro país tenía unas tasa de violencia contra la mujer muy elevadas, por lo que medidas como esta ley nos acercarían a Europa. En aquel entonces le recordé a la diputada que países como Finlandia, Dinamarca, Suecia, Reino Unido, Italia, Alemania o Francia ofrecían cifras de asesinatos de mujeres hasta cinco veces más altas que las de España, por lo que no consideraba una buena idea su pretensión.
Nuestras reflexiones no tienen por qué quedarse aquí. Si, como dice el Gobierno, se produce un efecto llamada, ¿quiere esto decir que el tratamiento que se le ha dado a la información en los últimos años, promovido por el Gobierno, tiene alguna responsabilidad en la muerte de una sola de las víctimas? Es indudable que gracias al hecho de haber sacado a la luz este drama humano hemos conseguido concienciar a la ciudadanía del problema, lo que es todo un avance.
Sin embargo, en aras de cuadrar cuentas voy a incorporar algunos logros recientes que no se han considerado, tomando como ejemplos el día a día de mi trabajo. Todo con ánimo de hacer visible lo invisible. Una mujer conoce a una nueva pareja y desea romper su matrimonio. Se lo comunica a su marido y, como éste no tiene dónde ir, puesto que ella se quedará con la vivienda, a partir de esa noche el marido duerme en el sofá, mientras la nueva pareja ocupa su dormitorio con la que aún es su mujer. El hombre sabe que, si protesta, será denunciado, esa misma noche dormirá en el calabozo y jamás volverá a su casa.
Otro ejemplo. Un hombre rompe con su pareja. Tienen un hijo de meses. A partir de ese momento la mujer le impide ver a su hijo, va al juzgado y declara que el hijo no es de su pareja. El hombre inicia un procedimiento de reconocimiento de paternidad. La mujer no acude a los llamamientos del juzgado para hacer las pruebas. Tras cerca de un año de demora, el juzgado reclama a la Administración que tutele al menor. La Administración rechaza la tutela, mientras la madre recurre a la Audiencia. El niño tiene ahora cuatro años y sigue sin ver a su padre.
Otro más. Un hombre, harto de que nadie crea los malos tratos que la mujer le propina a él y a su hijo graba esos episodios en vídeo. Confiado, lleva las grabaciones al juzgado, donde no se lo admiten como prueba.
Y el último. Un hombre es denunciado por supuestos abusos sexuales a sus hijas pequeñas. Éstas declaran repetidas veces, dando una versión cada vez, e implicando a más gente en los hechos. El juez no sabe qué hacer. Pasan los años. La mayor de las niñas ya ha cumplido la mayoría de edad.
¿Es todo esto violencia? La respuesta es sencilla. No, para las cifras oficiales. ¿Creen que son anecdóticos estos hechos? Den una vuelta por los juzgados o, mejor aún, inviten a café a algún abogado.
27 de julio de 2007
José Manuel Aguilar. Psicólogo forense y escritor
Al Gobierno del Estado no le salen las cuentas. Tras la aprobación de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, medida estrella para Rodríguez Zapatero, los datos muestran un aumento en el número de víctimas año a año. Para justificar ahora esta situación, ha planteado a los medios de comunicación la posibilidad de que se encuentre presente un efecto llamada, reclamando que éstos firmen un protocolo de autorregulación que vendría a recoger cómo ofrecer a los ciudadanos las informaciones sobre violencia contra la mujer.
Los efectos de esta situación no se han hecho esperar y cualquiera de ustedes puede darse cuenta de ello. Los telediarios han bajado el perfil a la hora de hablar de estas muertes. Ya no ocupan la primera de los noticiarios. La extensión que se le dedica es mucho menor y los contenidos son tratados sin el dramatismo de hace un tiempo. Una segunda circunstancia ha sido el hecho de que diversos catedráticos de estadística del país han mostrado su disconformidad sobre los datos en los que se basa el Gobierno en ese supuesto efecto, razonando con procesos y análisis propios de su profesión el por qué de su desacuerdo. Las matemáticas, y dentro de ella la inferencia estadística, se dobla mal ante las necesidades puntuales de la política de turno.
Pero el análisis del asunto nos puede llevar más allá. Hace ya algunos años, algunos juristas y profesionales de la psicología mostramos nuestro desacuerdo ante las medidas que después fueron implantadas. Hablamos de los efectos nocivos, toda vez que podrían provocar consecuencias no deseadas, como su uso oportunista en un juzgado, la elección de la sanción por la educación, su instrumentalización y la pérdida de garantías procesales y técnicas de los acusados a la hora de su abordaje. Estas críticas fueron hechas antes de que la Ley se aprobara. Luego fue el propio Consejo General del Poder Judicial el que expresó su cautela.
Un ejemplo de lo que digo ocurrió en noviembre del 2005 en Coruña. En un acto público la diputada Esther Couto, adjunta al ministro de Justicia, comentó que nuestro país tenía unas tasa de violencia contra la mujer muy elevadas, por lo que medidas como esta ley nos acercarían a Europa. En aquel entonces le recordé a la diputada que países como Finlandia, Dinamarca, Suecia, Reino Unido, Italia, Alemania o Francia ofrecían cifras de asesinatos de mujeres hasta cinco veces más altas que las de España, por lo que no consideraba una buena idea su pretensión.
Nuestras reflexiones no tienen por qué quedarse aquí. Si, como dice el Gobierno, se produce un efecto llamada, ¿quiere esto decir que el tratamiento que se le ha dado a la información en los últimos años, promovido por el Gobierno, tiene alguna responsabilidad en la muerte de una sola de las víctimas? Es indudable que gracias al hecho de haber sacado a la luz este drama humano hemos conseguido concienciar a la ciudadanía del problema, lo que es todo un avance.
Sin embargo, en aras de cuadrar cuentas voy a incorporar algunos logros recientes que no se han considerado, tomando como ejemplos el día a día de mi trabajo. Todo con ánimo de hacer visible lo invisible. Una mujer conoce a una nueva pareja y desea romper su matrimonio. Se lo comunica a su marido y, como éste no tiene dónde ir, puesto que ella se quedará con la vivienda, a partir de esa noche el marido duerme en el sofá, mientras la nueva pareja ocupa su dormitorio con la que aún es su mujer. El hombre sabe que, si protesta, será denunciado, esa misma noche dormirá en el calabozo y jamás volverá a su casa.
Otro ejemplo. Un hombre rompe con su pareja. Tienen un hijo de meses. A partir de ese momento la mujer le impide ver a su hijo, va al juzgado y declara que el hijo no es de su pareja. El hombre inicia un procedimiento de reconocimiento de paternidad. La mujer no acude a los llamamientos del juzgado para hacer las pruebas. Tras cerca de un año de demora, el juzgado reclama a la Administración que tutele al menor. La Administración rechaza la tutela, mientras la madre recurre a la Audiencia. El niño tiene ahora cuatro años y sigue sin ver a su padre.
Otro más. Un hombre, harto de que nadie crea los malos tratos que la mujer le propina a él y a su hijo graba esos episodios en vídeo. Confiado, lleva las grabaciones al juzgado, donde no se lo admiten como prueba.
Y el último. Un hombre es denunciado por supuestos abusos sexuales a sus hijas pequeñas. Éstas declaran repetidas veces, dando una versión cada vez, e implicando a más gente en los hechos. El juez no sabe qué hacer. Pasan los años. La mayor de las niñas ya ha cumplido la mayoría de edad.
¿Es todo esto violencia? La respuesta es sencilla. No, para las cifras oficiales. ¿Creen que son anecdóticos estos hechos? Den una vuelta por los juzgados o, mejor aún, inviten a café a algún abogado.
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